El Ministerio de Interior aprobará el próximo día 1 de mayo una partida de aproximadamente 60 millones de euros para hacer frente a los contratos de la vigilancia privada en los centros penitenciarios del país. Actualmente, la penitenciaria de Villahierro cuenta con nueve profesionales de estas características.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (Apfp) denuncia que esa inversión no soluciona la crisis de personal en el interior de las prisiones, ya que los vigilantes privados se encargan sólo de la seguridad en el exterior de los centros, una labor que ya realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según datos de la Apfp, en 2013 el Gobierno dedicó siete millones de euros a la privatización de la vigilancia exterior de las prisiones; entre 2014 y 2016, 66 millones. Ese año desembolsó 7,8 millones más para prorrogar los contratos. El año pasado, el presupuesto dedicado a pagar a las empresas privadas fue de 34 millones. Con ese dinero, a criterio del sindicato, se podría aumentar la plantilla de funcionarios.
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